La dirección de la Guardia Civil propone compensar con casi 1.200 euros a cada agente que no coja vacaciones en verano

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil de Tráfico de Lugo
Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil de Tráfico de Lugo ALBERTO LÓPEZ

Asociaciones de guardias civiles recelan del «proyecto piloto» presentado internamente y lo relacionan con la falta de personal

19 abr 2024 . Actualizado a las 17:32 h.

La Dirección General de la Guardia Civil ha presentado internamente un plan en el que propone compensar con casi 1.200 euros a cada agente que no coja vacaciones en verano, una propuesta que no está oficialmente aprobada y que asociaciones profesionales de este cuerpo, tras ser informadas del «proyecto piloto», la han acogido con recelo al vincularlo con la falta de personal en el conjunto de unidades.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha explicado en un comunicado que la Dirección General de la Guardia Civil tiene previsto implantar un «proyecto piloto» este verano del 2024 en el que los miembros del cuerpo que opten por no disfrutar de vacaciones en turnos de verano perciban una remuneración que cifra en 1.188 euros brutos.

Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) también ha expresado públicamente su «profunda preocupación por la crítica situación que revela la falta de efectivos». «Este hecho afecta de manera muy grave a la capacidad operativa en toda España», han apuntado.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han explicado que la propuesta ha sido planteada internamente a las asociaciones profesionales, aunque «no hay nada cerrado».

Las asociaciones profesionales han sido informadas por el Mando de Operaciones de la intención de implementar ya este verano del 2024 un proyecto piloto para que los agentes previamente seleccionados que renuncien a disfrutar de vacaciones en período de turnos de veranos, concretamente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, reciban una compensación económica de 1.188 euros en bruto.

Según estas asociaciones, para acogerse a esta opción se deberá solicitar previamente el disfrute de al menos 15 días de vacaciones en turnos de verano. Además, los designados para acogerse a esta opción conservarán su derecho a los días de vacaciones que finalmente no disfruten en época estival y también tendrán la posibilidad de disponer de hasta tres días por asuntos particulares.

«La implementación de este proyecto piloto es consecuencia de la falta de guardias alumnos en prácticas en unidades este verano», ha señalado AUGC, que ha añadido que es una prueba más de la «demostrada falta de personal en el conjunto de unidades» y de la «caótica política de personal».

En este sentido, denuncian que muchos agentes se encuentran ya en estas fechas realizando sus peticiones de vacaciones de verano. «Ahora, con esta medida improvisada, ven una vez más penalizada su conciliación laboral y familiar», lamentan.

«Medida extrema» para la JUCIL

JUCIL ha señalado que la «medida extrema» planteada desde la Dirección General refleja «el nivel de presión» al que se somete a los agentes. No obstante, reconocen que «todavía no saben qué respuesta tendrá por parte de los guardias civiles».

La asociación ha puesto de ejemplo la situación de los cuarteles de Cataluña. «En la mayor parte se ha dado la orden de que solo habrá servicio de puerta (vigilancia y atención al ciudadano) en los puestos durante el horario de mañana y de lunes a viernes», aseguran.

JUCIL considera que las actuales condiciones de trabajo de los guardias civiles exigen «constantes dobletes» en muchos turnos de trabajo y que la situación se agravará aún más en los próximos años porque la tasa de reposición es de menos del 50 % para las promociones que pasarán a la reserva en los cinco próximos años.

En este sentido, JUCIL cuestiona el discurso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el ritmo de reposición de plantilla. Esta asociación calcula que «se registrará un déficit de 25.000 guardias civiles en los cinco próximos años», lo que relaciona con el mantenimiento de un catálogo de puestos de trabajo «anticuado» que no responde a las necesidades actuales.