Desde hace años se mantiene la tensión política sobre la ordenación de la costa entre los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, reflejo de la que existe en la sociedad. Tensión convertida en ley o real decreto que reiteradamente modifica la legislación previa sobre la gestión de nuestro litoral, desde la ley de costas de 1988, o de Borrell. Bien sea por una modificación de la ley en el 2013, bien por una nueva ley de cambio climático en el 2021 (recurrida en las concesiones por la Xunta ante el Constitucional, sin éxito), o con la modificación en el 2022 del Reglamento General de Costas aprobado con el Real Decreto de 2014. Es en ese marco de tensión política entre diferentes intereses (recordemos la prórroga por 60 años de «Ence. Energía y Celulosa») sobre la gestión del litoral, donde se puede encuadrar el indudable éxito político del gobierno Rueda con la aprobación de la Ley 4/2023 de ordenación y gestión integral del litoral de Galicia, y su refrendo por el Tribunal Constitucional.
Los intereses económicos e industriales, asentados o dependientes de la gestión del litoral, se articularon en una organización heterogénea y eficaz en torno a la «cadena mar-industria», muy activa ante los sucesivos conflictos normativos con el Gobierno de España con el apoyo de la Xunta. Quien, ante el escaso éxito en sus negociaciones con el Gobierno y la posición del Estado de negar la transferencia, desarrolla y aprueba en el Parlamento gallego la Ley 4/2023 del litoral de Galicia. Una ley que, sin nada que ver con una «declaración de independencia», es una apuesta política inteligente de reivindicación del autogobierno —más allá de los contenidos concretos, los intereses que ampare y la protección que otorgue al litoral gallego—, que obligará al grupo popular, al nacionalista y al socialista a posicionarse ante un texto de gran alcance político, económico y social para Galicia. Una ley que hubiera debido merecer en su tramitación otro posicionamiento del BNG y de los socialistas más trabajado que su abstención. Y que, reconocida su constitucionalidad, debiera ser motivo de atención y seguimiento en su aplicación y desarrollo y en su interacción con las competencias propias del Estado.
La resolución del Constitucional reconoce el éxito político para el Gobierno de Alfonso Rueda y el profesional para el grupo redactor de juristas y académicos encabezados por el profesor Sanz Larruga. Novedades de interés para el futuro de Galicia. Un futuro asociado a la sostenibilidad de la explotación del litoral, un mundo fértil que empieza en los ríos que lo nutren, las tierras que con él lindan y sus cultivos, y quienes allí viven y lo industrializan, junto con la presión turística, que con sus instalaciones llega al mar. Una ley del litoral que podría tener en su horizonte para las rías el reconocimiento de sus derechos como ecosistemas, tal y como reconoce la Ley 19/2022 para el Mar Menor. O asegurar con su desarrollo que en nuestro mar eso no será necesario.