Supervivientes del trágico incendio de la calle Alfonso X en Vigo volverán a vivir en chabolas

De vuelta a la chabola. Afectados por el edificio de la calle Alfonso X el sábado que ardió el pasado otoño y en el que pereció una madre con sus tres hijos no tienen otra alternativa. En una infravivienda también vivía Rosana, la mujer víctima del incendio, que había tenido que desalojar porque una empresa compró el suelo para construir un complejo administrativo y deportivo.

El Concello pagó a los supervivientes el alojamiento en un hostal durante seis meses hasta el viernes de la semana pasada. Las dos familias que quedaban en la pensión salieron a la calle con sus pertenencias. Empezó a llover con fuerza y tuvieron que volver a meterse en el hostal porque no tenían otro sitio donde meterse.

«No tenemos dinero y a la calle no nos vamos a ir», afirmaba ayer Esmeralda Barrul, de 26 años y sin trabajo. Una de las familias se mudará a una chabola, mientras que la otra negocia un precio con la responsable del hostal para que poder seguir quedándose durante un tiempo.

Son dos hermanos con sus respectivas familias, que subsisten con ayudas sociales, que suponen unos ingresos insuficientes para costearse las habitaciones que ocupan en una pensión del centro de la ciudad o un alquiler con los actuales precios del mercado inmobiliario.

Un matrimonio se encuentra con sus hijos de 27 y 16 años y el otro convive con dos 18 y de 26. «Le dijimos al jefe que no nos íbamos. No queremos un albergue. No sabemos con qué tipo de gente nos vamos a encontrar allí. Tampoco queremos estar en la calle. Es un peligro. Tenemos niños y gente enferma», afirma Esmeralda. Ayer acudieron al Concello con las facturas de su estancia en el hostal durante los últimos tres días, pero en el departamento de Benestar Social les dijeron que no tenían orden de pagar ninguna factura más de su alojamiento y que tenían que pedir cita con las trabajadoras sociales de su zona.

Estas familias demandan un alquiler social con una renta que puedan asumir con su bajo nivel de ingresos mientras no encuentren un trabajo. «Mi madre lleva más de 30 años inscrita en el registro y nunca la han llamado». Esmeralda afirma que ha mandado su currículo a muchas empresas, pero no le responden de ninguna. La última vez que trabajó fue el año pasado en la campaña de recogida de la naranja en Huelva. «Tengo experiencia como peón agrícola, operaria de limpieza, ayudante de camarera», asegura. Su padrastro, Agustín Collazo, está enfermo de diabetes y camina valiéndose de unas muletas. «Así no me puedo buscar la vida», decía la semana pasada en una concentración de apoyo que convocó el foro sociosanitario de Os Ninguéns, ante la sede de la Xunta.

Desde el Concello afirman que ocho familias a las que pagó el hostal ya encontraron otro lugar donde vivir gracias a un convenio con una entidad especializada en la captación de viviendas para personas vulnerables. Sobre las dos familias que se han quedado en el hostal, el departamento de Bienestar Social sostiene que rechazaron soluciones alternativas. Consideran que tienen medios como para comenzar a abonar su estadía en el hostal, o proceder a la búsqueda activa de otra solución. El portavoz de Os Ninguéns, Antón Bouzas, desmiente que tengan recursos para poder seguir pagando el hostal. «Echando cuentas, se quedarían a cero y esta gente tiene que comer, vestirse o comprar productos de aseo», afirma.

Altos precios

Si para ciudadanos con nóminas ya supone un gran esfuerzo económico alquilar un piso, para quienes cobran prestaciones sociales resulta algo inalcanzable. Fabián Fernández, del grupo inmobiliario Grupró, informaba ayer en el programa Voces de tu Ciudad, de Radio Voz, que el precio medio del alquiler ronda los diez euros el metro cuadrado.

También atestiguaba el alto precio de los alquileres Ana Pardo, portavoz de Provivienda. «Llevamos trabajando desde el 2017 y en aquel momento se encontraban viviendas por 400 o incluso 250 euros mensuales. Desde entonces, los precios se han multiplicado de una forma notable, ascenso que no se ve acompaño con los salarios del grueso de la población». La falta de viviendas sociales en Vigo es uno de los principales problemas a los que se enfrentan. Además señala el estigma que existe en ciertos grupos de la población. «Pesa más el estigma que los medios. La pertenencia a un grupo social determinado marca que puedas acceder a una vivienda. Cuando buscamos viviendas para ciertos colectivos sociales, la respuesta es un no», afirmaba.

Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, no cree que el auge de este sector tenga la culpa en los altos precios de los alquileres. «En Vigo hay 1.761 viviendas de uso turístico. Son el 1,9 % del parque inmobiliario y hay 18.000 viviendas cerradas», dice.

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